Los 2/3 contra el “indio” en Bolivia

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Después de diez días de la elección de octubre en Bolivia, las autoridades electas recibieron sus credenciales. Eso implica que la voluntad del pueblo expresada en las urnas, para la conformación del poder político que gobernará Bolivia, tiene ya nombres y apellidos. Sin embargo, hay todavía algunos desubicados que no entienden la democracia como la voluntad del pueblo expresada mediante el voto. La entienden como una guerra permanente, por cualquier medio, por muy aberrante que puedan ser.  

Se trata, por supuesto, de los mismos actores de siempre. Los “cívicos” de Santa Cruz, algunos jóvenes evangélicos, y una plataforma ciudadana. Primero hicieron un cabildo para rechazar la elección, en el cual adujeron “fraude” y declararon un paro cívico que no fue acatado por las instituciones ni por la población. Luego hicieron una “vigilia” frente a las instalaciones a la Octava División del Ejército, para intentar subvertir a las Fuerzas Armadas como lo hicieron en 2019 para derrocar a Evo Morales. Luego el presidente del Comité Pro Santa Cruz presentó un amparo constitucional para impedir el acto de posesión programado para el 8 de noviembre. Pero por si eso también les fallara, se desató la primera operación orientada a derrocar a Luís Arce y a David Choquehuanca. La primera acción de ese plan de mediano plazo fue protestar por el cambio que hizo la Asamblea Legislativa en su reglamento de debate, para poder sancionar algunas leyes por mayoría simple, en lugar del 2/3 que la Derecha le había impuesto al gobierno de Evo Morales.

Desde todo punto de vista, el cambio es legal ya que ambas cámaras lo hicieron con absoluta competencia y con los votos requeridos. El objetivo de este cambio es devolverle al gobierno entrante la habilidad de sancionar las leyes de los ascensos militares y policiales por simple mayoría. Hay que recordar que durante del derrocamiento de Evo Morales, las fuerzas policiales y militares rodearon el palacio legislativo para impedir que el 2/3 del poder parlamentario del MAS pudiera reorganizarse y formar gobierno. Después de las masacres de Senkata y Sacaba, el gobierno de Añez pretendió que el senado le apruebe los ascensos para premiar a sus fuerzas represoras. La cámara de senadores controlada por el MAS se negó a hacerlo, y el General Orellana, en traje de campaña y rodeado de otros militares invadió el recinto legislativo para intimidar como a “india” a la presidenta Eva Copa. Pero no logró intimidarla. La presidenta del senado no se doblegó, y como respuesta, las Fuerzas Armadas, en otro acto de desacato, decidieron cambiar su reglamento interno para ascenderse “de hecho”, sin aprobación del senado como lo manda la constitución.

Lo que pretende ahora la ultraderecha cruceña, golpista e irresponsable, es condenar desde el primer día al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a gobernar como “indios”, eso es, sometidos al orden establecido del blanco, y sitiados por los mismos altos mandos militares y policiales que derrocaron al otro “indio”. Eso es inaceptable, irrespetuoso, inconstitucional y claramente subversivo. Las tropas y oficiales de bajo rango obedecieron órdenes superiores en los hechos de sangre del año pasado, es verdad, pero los altos mandos tienen que ser renovados, como es habitual, más aún en el peculiar caso boliviano.          

Otro punto que regresa a ser decidido por simple mayoría es la asignación de embajadores, lo cual significa que, en total, lo que está en juego es la gobernabilidad. La seguridad interna del gobierno, y también su política exterior. Todos los presidentes del mundo tienen derecho a esa elemental prerrogativa. Simple mayoría es lo normal para sancionar esas leyes, pero el 2/3 de Bolivia nació del irracional odio racial contra Morales desde su primer gobierno, cuando no controlaba el senado y la Derecha le bloqueó alrededor de 800 leyes. Para incapacitar al “indio”, a pesar de su mayoría absoluta en el congreso impusieron el condicionamiento de la mayoría extraordinaria del 2/3, y de hecho lo incapacitaron, hasta que el pueblo le dio ese 2/3 y así de sometido funcionó el congreso hasta el presente. Lo que ahora sucede es que esa bancada parlamentaria indígena con poder extraordinario de 2/3 está a punto de terminar su mandato. Sabe que a su sucesora le faltaran 3 escaños para poder seguir funcionando condicionada a tener un poder extraordinario de 2/3 y ha decidido, antes de marcharse, volver a poner las cosas en orden, y como deben ser. Es un acto de legítima defensa de la gobernabilidad para que se pueda cumplir el mandato del pueblo, ante el peligro latente y manifiesto de la subversión. Simple mayoría es lo normal para sancionar esas leyes. La imposición arbitraria del 2/3 fue el mecanismo de la ultraderecha para incapacitar al gobierno del “indio”. Los tiempos cambian y esa humillación ya no puede continuar.