Lo que Estados Unidos no entiende de Bolivia

Juan Carlos Zambrana Marchetti

No es extraño encontrar en los círculos académicos de Estados Unidos, una profunda incomprensión sobre lo que es Bolivia. Se nota el desprecio y el paternalismo de estos intelectuales de Derecha que se sienten parte del centro gravitacional civilizatorio, al referirse a una Bolivia que entienden como lo más imperfecto y lejano de la periferia. Hay, por ejemplo, quienes se burlan del indigenismo boliviano, y de la relevancia que ha tenido Bolivia en las Naciones Unidas, en defensa del agua y de la Madre Tierra. Desde esa perspectiva de excepcional superioridad cualitativa, quizá les parece ridículo que un país como Bolivia:  pequeño, empobrecido, con industrias extractivas, y sin buen manejo de la basura, pueda ser un líder mundial del ambientalismo.

La verdad es que Bolivia ha estado apoyando desde al año 2009 iniciativas en las Naciones Unidas, para establecer entre los Derechos Humanos el acceso al agua, y para establecer también los derechos de la Madre Tierra. Eso fue una consecuencia directa de la llegada del indígena Boliviano al poder en el año 2006, no solo a gobernar, sino también a pensar y entender su país, y su entorno, por primera vez, desde la perspectiva de su cultura ancestral. Todo eso generó una ola de revalorización de las culturas originarias que desembocó en un nuevo paradigma para entender la vida y para hacer política. Fue así como las propuestas bolivianas no sólo fueron compatibles con proyectos ya existentes en la ONU, sino que además les añadieron el rostro humano a las ideas abstractas. Veamos, por ejemplo, cual es la razón para que la experiencia boliviana haya sido un buen símbolo mundial para la defensa del agua.

Para empezar a entender esta incomprensión, hay que partir de la realidad que impera en Estados Unidos, donde el agua es un gran negocio, ya que la gente se ha acostumbrado a comprarla en botellas o en galones a precios elevados. Esas mismas corporaciones también van a países mucho más pobres, y mediante contratos fraudulentos con gobiernos corruptos, se apoderan de los reservorios naturales de agua, la privatizan, y la convierten en un lujo prohibitivo para el pueblo.

Eso exactamente fue lo que sucedió en Bolivia en el año 2000. El agua fue entregada a la transnacional Bechtel, de San Francisco, California. Los precios se triplicaron, llegando a absorber un tercio del presupuesto familiar, pero la voracidad transnacional demostró una vez más no tener límites. El contrato leonino le daba a Bechtel la propiedad de todas las posibles fuentes de agua incluida las represas, lagos y hasta el agua de la lluvia. La factura impaga le daba además la facultad de embargar el inmueble del usuario y rematarlo. En el mes de febrero del año 2000 el pueblo de Cochabamba salió a las calles a defender la propiedad del agua y a pedir la expulsión de Bechtel. El gobierno pro-Estados Unidos del general Hugo Banzer Suarez reprimió la protesta y declaró estado de sitio, pero el pueblo boliviano se mantuvo firme y después de un muerto y 170 heridos en lo que se llamó la guerra del agua, logró su objetivo de expulsar de Bolivia a la empresa transnacional Bechtel.  

Evo Morales llega al poder en el 2006, refunda el país para iniciar su proceso de cambio, e incluye el agua en la nueva constitución política del Estado Plurinacional, no sólo entre los derechos fundamentales que tiene el ciudadano, sino también entre los recursos naturales que son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano. Ese mismo Artículo (349), le da al Estado la responsabilidad de su administración en función del interés colectivo.

Eso es interpretado como una herejía en Estados Unidos, pero no porque Bolivia esté equivocada, sino porque estos dos países parecen pertenecer a dos universos diferentes. Por lo menos a dos cosmovisiones diferentes, lo cual nos lleva a otro patrimonio universal que Bolivia está proponiendo rescatar, y que la USESCO ya incluye entre los nuevos marcos Ético-políticos de Latinoamérica, junto con la diversidad cultural y la identidad para la construcción de sociedades más justas. La filosofía del Buen Vivir.1 La cual contrasta con el Vivir Mejor que aplica Estados Unidos y en general todo el hemisferio occidental. Básicamente, una de las diferencias es que el Vivir Mejor no tiene límites en su voracidad de acumulación, lo cual es insostenible y depredador. El Buen Vivir, por el contrario, es una filosofía de vida que incluye un concepto de desarrollo sostenible, y por lo tanto tiene un límite en la acumulación de fortuna.

Vivir Bien o Buen Vivir, es la vida en plenitud. Es saber vivir en armonía y equilibrio, en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia. Y ese justamente es el camino y el horizonte de la comunidad; implica primero saber vivir y luego convivir. No se puede Vivir Bien si los demás viven mal, o si se daña la Madre Naturaleza. Vivir Bien significa comprender que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto.2

Como puede observarse, esa cosmovisión ancestral coincide, en muchos aspectos, con el concepto de desarrollo sostenible que ya existía en las Naciones Unidas, pero, una vez más, Bolivia le da un rostro humano a la idea abstracta. Le añade una dimensión filosófica, un sentido social y cultural, y demuestra que es una forma de vida viable. En la esfera política, esto significaría que el indígena boliviano, por su cosmovisión, ha llegado a ser un buen símbolo mundial para la reivindicación de las culturas originarias, de los pobres, de los sectores reprimidos y postergados, y por supuesto, también de la defensa de la madre tierra.

Quizá quienes menosprecian a Bolivia en Estados Unidos, ignoran lo que significa ser una cultura milenaria. Por ejemplo, que cuando los blancos ingleses empezaron a colonizar lo que ahora es Estados Unidos, y a imponer un modelo productivo depredador e insostenible que incluyó exterminios indígenas, apropiación de territorios, y esclavismo para acumulación de riqueza personal, los indígenas en la región andina ya habían estado cultivando la tierra durante miles de años con un modelo productivo comunitario y sostenible.

Para desarrollar la agricultura y ganadería en condiciones climáticas tan adversas como las del Altiplano, tuvieron primero, que observar el universo. Las alineaciones planetarias, y los efectos en el comportamiento de la tierra y el clima. Desarrollaron una concepción circular del tiempo. Crearon instrumentos de medición de tiempo como los relojes solares. Tuvieron que interpretar y graficar planos de vida, campos energéticos, y el ciclo solar que incluye solsticios y equinoccios. Llegaron a establecer un exacto y eficiente calendario agrícola para miles de especies diferentes en el mismo terreno pedregoso. Fue así como lograron multiplicar las especies, por ejemplo, de papa, cada una adaptada para resistir el clima en un momento dado, aprovechando así su única ventana de tiempo posible para ella.  En otras palabras, lograron vencer la adversidad climática para vivir en armonía con la naturaleza. Ese modo de vida estaba tan arraigado en la madre tierra, el sol y el alto valor del agua, que aprendieron a respetarlos. Por eso, entre otras cosas, el Estado Plurinacional de Bolivia, que ahora ha rescatado esos valores ancestrales, es un buen símbolo para muchas causas no sólo ambientalistas, sino además civilizatorias.   

    

Referencias:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=3p0u87oCH7k

2. Bases de la Filosofía del Vivir Bien: https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/node/1231

El submundo inverosímil de la barbarie

Juan Carlos Zambrana Marchetti

El hecho de que hoy todos los pueblos usen las mismas redes sociales y las mismas tecnologías, no significa que sean iguales. La diferencia entre la civilización y la barbarie se nota, por ejemplo, en lo que hacen esos pueblos después de sufrir una dictadura criminal. El elocuente Nunca Más que adoptan algunos, expresa la determinación de esos pueblos, de no reducir su naturaleza a esa barbarie que consideran accidental e intolerable. Eso significó el Nunca Más de los juicios de Nuremberg con el que se condenó los crímenes de los nazis, y el Nunca Más con que el pueblo argentino condenó a su última dictadura criminal. Al hacerlo esos pueblos declaran que no toleran la criminalidad de Estado, y que defienden sus normas de convivencia en sociedad.

Bolivia no es parte de esa categoría de naciones. Por el contrario, es un submundo inverosímil, donde la ciudadanía vive alienada y condicionada a aceptar esa bestialidad. Es el país de los apologistas profesionales del crimen de Estado, que controlan la psiquis colectiva manipulando la percepción de la realidad, y por lo tanto la “opinión pública”. A Bolivia nunca llegó la conciencia colectiva del Nunca Más, porque allí los que mueren pidiendo justicia social son siempre los “indios” cuyas vidas valen menos que las de los animales, y figuran siempre como culpables hasta de sus propias muertes.

Solo en un pueblo así de alienado podría haber funcionado un plan de golpe de Estado tan inverosímil y aberrante como el de 2019.  Acusar de fraude electoral al presidente constitucional. Desplegar grupos de choque para bloquear calles y paralizar el país en “defensa de la democracia” y presionar públicamente a los poderes facticos para que se insubordinen. Negociar en secreto la adhesión de todos esos poderes para el golpe. Incendiar las Cortes Electorales para que la victoria de la Izquierda no pueda consumarse. Desplegar a otros grupos de choque para atacar las casas de los líderes de la Izquierda en el poder, y las de sus familiares para hacerlos renunciar. Lograr la renuncia el presidente, del vicepresidente, de la presidenta del Senado, y del presidente de la Cámara de Diputados, donde termina la sucesión constitucional.  Reunir a los representantes de todos los poderes facticos sediciosos, incluida la Iglesia Católica, y a sugerencia de ésta, terminar el golpe con apariencia de sucesión constitucional. Posesionar como presidenta a la segunda vicepresidenta del senado, de un partido minoritario, aunque la constitución no lo permita. Posesionarla como si fuese la “presidenta del Senado” aunque ella no tenga posibilidad alguna de ser promovida a ese cargo debido al 2/3 del poder parlamentario del presidente depuesto.  Promulgar un Decreto de autorización a la policía y a los militares, para el uso de armas letales contra el pueblo. Reprimir las protestas. Matar a 36 “indios” y herir a más de 800, para “pacificar” el país. Responder las criticas aduciendo que los “indios” se balearon ellos mismos, por la espalda. Para que todo eso sea creíble, debe hacerse en nombre de Dios. Hacerlo con confianza porque la iglesia lo confirmará, ya que es parte del golpe.

Por muy inverosímil que esto parezca, fue exactamente lo que sucedió en Bolivia, pero un año después, el pueblo recuperó la democracia en las urnas. Meses después la justicia dio los primeros pasos para juzgar a los culpables del golpe y de las masacres de 2019.  Se arrestó a la expresidenta golpista y a dos de sus ministros, pero los apologistas de siempre salieron de inmediato a defender lo indefendible. Cuentan para ello con el apoyo de poderosos gobiernos aliados, y de organizaciones emblemáticas como la Iglesia Católica, la OEA, la Unión Europea, y hasta las Naciones Unidas.

Si la justicia boliviana no resiste los embates de los apologistas del crimen, no habrá un Nunca Más para los golpes de Estado en Bolivia, ni para las masacres del indígena. La Derecha boliviana seguirá alienando al pueblo, y a la comunidad internacional con su narrativa “cristiana” de “defensa de la democracia” para oprimir al indígena, perpetuando en pleno siglo XXI la atrocidad de la colonia. Bolivia seguirá siendo el país donde dar un golpe de Estado y matar a cincuenta “indios” es el mejor recurso para volver a arrodillarlos. Para castigarlos por la insolencia de disputar posiciones de poder reservadas para el blanco. Los juicios se caerán por artimañas y no habrá un Nunca Más para los golpes de Estado, ni para las masacres del indígena. Tampoco habrá en Bolivia, un mínimo de evolución en las normas de convivencia en sociedad. Bolivia seguirá alienada y condicionada a mantenerse en la barbarie de la criminalidad de Estado, la corrupción y el encubrimiento, como si esa fuera su naturaleza.

Eso sería inaudito. La justicia boliviana tiene flaquezas, es verdad, pero ante este reto de la historia, tendría que sacar fuerzas de flaquezas, y resistir estos embates, para darle a su pueblo, la dignidad del Nunca Más que tienen los pueblos civilizados.

Luis Arce ante el cuoteo del poder

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Según la prensa boliviana, el presidente electo Luis Arce Catacora estaría entre dos corrientes internas de su partido a la hora de conformar su gabinete ministerial. La disyuntiva sería incluir a los exministros de Evo, o entregarse de lleno a las fuerzas emergentes que exigen cobrar sus cuotas de poder con repartija de ministerios. Dado que eso no sucede en otros países, y que en Bolivia todavía hay quienes lo “exigen” sin reparo alguno, es necesario explicar para el mundo este fenómeno que nada tiene de democrático.

Hasta la primera mitad del siglo XX el poder en Bolivia lo controlaban discretamente los tres barones del estaño, pero el cuoteo descarado del poder con repartija de ministerios por sectores, se hizo notorio después de la revolución de 1952 cuando el presidente Víctor Paz fue posesionado entre ráfagas y dinamitazos de las milicias mineras y campesinas que habían derrotado al ejército en las calles. La repartija de ministerios era entre todos los sectores populares, pero como ejemplo basta mencionar que el Ministerio de Minas y Petróleo, era de los trabajadores mineros, y el de Asuntos Campesinos, para repartir tierras, de los indígenas de Cochabamba. Como consecuencia de ello, el Palacio Quemado se convirtió en un campo de batalla, donde hasta a los golpes llegaron los ministros que “cogobernaban”. Los mineros exigían nacionalización de todas las minas con control obrero, y los campesinos la tierra sólo para el campesino, más armas y la disolución total del ejército. Ninguno logró sus objetivos porque el MNR desvirtuó las reformas, pero, en cambio, surgió la división entre las milicias campesinas de Cliza y Ucureña en el valle de Cochabamba, las cuales se enfrentaron durante una década, por las listas para los escaños en el congreso, hasta que se produjo una masacre. La solución del MNR fue separarlas, desarmarlas, y disolverlas utilizando para ello a unas Fuerzas Armadas renovadas y fortalecidas, que en 1964 dieron un golpe de Estado e inauguraron un nuevo ciclo de dictaduras militares que volvieron a reprimir al indígena.

El cuoteo del poder no funciona porque desvirtúa la democracia, reduciendo el gobierno a un botín de asalto de los grupos de poder allí representados. Le quita fuerza, libertad, respeto y legitimidad al presidente, y le impide gobernar con eficiencia para todos los ciudadanos, porque en lugar de tener como ministros a expertos asesores en las diferentes ramas de la administración pública, gobierna sitiado y constantemente acosado por una jauría de agentes cabilderos que trabajan para sus sectores y obedecen sólo a ellos.

Durante los 14 años del MAS, Evo Morales logró desterrar el cuoteo, y mantener a su partido unido en torno a su liderazgo. El problema ahora es que, después el golpe de Estado del año pasado, el exilio de Evo y el asilo de sus ministros, los líderes emergentes que quedaron libres porque no fueron perseguidos creen que fueron ellos quienes recuperaron el poder, y ahora piden cuotas de ese poder. La verdad es que para poder recuperar el poder trabajaron todos, aunque algunos tuvieron que hacerlo en forma discreta. Evo trabajó incansablemente desde su exilio, y sus exministros desde sus asilos, todos dirigiendo diferentes operaciones de la campaña. Seria un grave error de cálculo creer que estas elecciones las ganaron los nuevos elementos, sin la decidida intervención de Evo para mantenerlos en línea, persuadirlos a llegar a acuerdos, a ceder cuando no había espacio para todos, y a comprometerlos a apoyar al compañero que sea elegido, para mantener la unidad. El manejo de la campaña fue espectacular. Se hicieron los estudios necesarios de marketing político, se buscó los recursos, se buscó el apoyo internacional, y se contrató a los expertos.  Fue con esa enorme estructura de partido organizado en torno a su líder histórico y jefe de campaña, que el MAS recuperó el poder, y lo peor que podría suceder ahora es que se fragmente por tratar de imponer un cuoteo del poder que jamás funcionará. Eso es una aberración de la política boliviana, y una práctica propia de oportunistas, de piratas, de asaltantes y de ejércitos invasores, que nada tiene que ver con la democracia, donde la legitimidad del presidente emerge del voto popular, y su fuerza de la organización y unidad de su partido.         

Sin embargo, es necesario un cambio de mentalidad en el manejo del poder, y una renovación de los cuadros dirigenciales, es verdad. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado y con responsabilidad. En la coyuntura boliviana, que poco tiene de ideal, el principio más aplicable sería el de los pesos y contrapesos. El presidente Arce, de su propia iniciativa y con plena libertad, debiera buscar un balance de fuerzas con gente capacitada, para poder tener la gobernabilidad que sólo le puede asegurar un entorno experimentado, el respaldo de un partido unido en torno a su líder histórico, y la revitalización que le pueden dar los profesionales jóvenes, pero sin aceptar del cuoteo del poder con repartija de ministerios. Buscar siempre un balance de fuerzas con gente capacitada, sería lo más razonable, y no sólo para la conformación de su gabinete.           

Por el bien de todos los bolivianos, el liderazgo histórico del MAS, el emergente, y las organizaciones sociales, tendrían que entender que al presidente Arce, hay que protegerlo y apoyarlo, pero también dejarlo gobernar, para que él pueda reconstruir la institucionalidad, buscar el equilibrio con pesos y contrapesos en todas las instituciones del estado, y ceder espacios para el debate y la fiscalización. Solo con ese tipo de acciones puede empezar con pie derecho, a conquistar la confianza de su pueblo. El capricho, hoy como siempre, solo conduciría a una relación altamente contenciosa, no sólo al interior del partido, sino también con los enervados sectores de la oposición.    

Los 2/3 contra el “indio” en Bolivia

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Después de diez días de la elección de octubre en Bolivia, las autoridades electas recibieron sus credenciales. Eso implica que la voluntad del pueblo expresada en las urnas, para la conformación del poder político que gobernará Bolivia, tiene ya nombres y apellidos. Sin embargo, hay todavía algunos desubicados que no entienden la democracia como la voluntad del pueblo expresada mediante el voto. La entienden como una guerra permanente, por cualquier medio, por muy aberrante que puedan ser.  

Se trata, por supuesto, de los mismos actores de siempre. Los “cívicos” de Santa Cruz, algunos jóvenes evangélicos, y una plataforma ciudadana. Primero hicieron un cabildo para rechazar la elección, en el cual adujeron “fraude” y declararon un paro cívico que no fue acatado por las instituciones ni por la población. Luego hicieron una “vigilia” frente a las instalaciones a la Octava División del Ejército, para intentar subvertir a las Fuerzas Armadas como lo hicieron en 2019 para derrocar a Evo Morales. Luego el presidente del Comité Pro Santa Cruz presentó un amparo constitucional para impedir el acto de posesión programado para el 8 de noviembre. Pero por si eso también les fallara, se desató la primera operación orientada a derrocar a Luís Arce y a David Choquehuanca. La primera acción de ese plan de mediano plazo fue protestar por el cambio que hizo la Asamblea Legislativa en su reglamento de debate, para poder sancionar algunas leyes por mayoría simple, en lugar del 2/3 que la Derecha le había impuesto al gobierno de Evo Morales.

Desde todo punto de vista, el cambio es legal ya que ambas cámaras lo hicieron con absoluta competencia y con los votos requeridos. El objetivo de este cambio es devolverle al gobierno entrante la habilidad de sancionar las leyes de los ascensos militares y policiales por simple mayoría. Hay que recordar que durante del derrocamiento de Evo Morales, las fuerzas policiales y militares rodearon el palacio legislativo para impedir que el 2/3 del poder parlamentario del MAS pudiera reorganizarse y formar gobierno. Después de las masacres de Senkata y Sacaba, el gobierno de Añez pretendió que el senado le apruebe los ascensos para premiar a sus fuerzas represoras. La cámara de senadores controlada por el MAS se negó a hacerlo, y el General Orellana, en traje de campaña y rodeado de otros militares invadió el recinto legislativo para intimidar como a “india” a la presidenta Eva Copa. Pero no logró intimidarla. La presidenta del senado no se doblegó, y como respuesta, las Fuerzas Armadas, en otro acto de desacato, decidieron cambiar su reglamento interno para ascenderse “de hecho”, sin aprobación del senado como lo manda la constitución.

Lo que pretende ahora la ultraderecha cruceña, golpista e irresponsable, es condenar desde el primer día al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a gobernar como “indios”, eso es, sometidos al orden establecido del blanco, y sitiados por los mismos altos mandos militares y policiales que derrocaron al otro “indio”. Eso es inaceptable, irrespetuoso, inconstitucional y claramente subversivo. Las tropas y oficiales de bajo rango obedecieron órdenes superiores en los hechos de sangre del año pasado, es verdad, pero los altos mandos tienen que ser renovados, como es habitual, más aún en el peculiar caso boliviano.          

Otro punto que regresa a ser decidido por simple mayoría es la asignación de embajadores, lo cual significa que, en total, lo que está en juego es la gobernabilidad. La seguridad interna del gobierno, y también su política exterior. Todos los presidentes del mundo tienen derecho a esa elemental prerrogativa. Simple mayoría es lo normal para sancionar esas leyes, pero el 2/3 de Bolivia nació del irracional odio racial contra Morales desde su primer gobierno, cuando no controlaba el senado y la Derecha le bloqueó alrededor de 800 leyes. Para incapacitar al “indio”, a pesar de su mayoría absoluta en el congreso impusieron el condicionamiento de la mayoría extraordinaria del 2/3, y de hecho lo incapacitaron, hasta que el pueblo le dio ese 2/3 y así de sometido funcionó el congreso hasta el presente. Lo que ahora sucede es que esa bancada parlamentaria indígena con poder extraordinario de 2/3 está a punto de terminar su mandato. Sabe que a su sucesora le faltaran 3 escaños para poder seguir funcionando condicionada a tener un poder extraordinario de 2/3 y ha decidido, antes de marcharse, volver a poner las cosas en orden, y como deben ser. Es un acto de legítima defensa de la gobernabilidad para que se pueda cumplir el mandato del pueblo, ante el peligro latente y manifiesto de la subversión. Simple mayoría es lo normal para sancionar esas leyes. La imposición arbitraria del 2/3 fue el mecanismo de la ultraderecha para incapacitar al gobierno del “indio”. Los tiempos cambian y esa humillación ya no puede continuar.  

¿Transmisión o posesión en Bolivia?

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Tras la victoria contundente de Luis Arce Catacora en Bolivia, la prensa dio cuenta de una noticia sorprendente. Como si nada extraño hubiese pasado con el derrocamiento de Evo Morales y la posesión arbitraria de Jeanine Añez, el gobierno interino de esta señora planea un acto de transmisión de mando. La palabra transmisión implica la presencia de los dos mandatarios en el mismo escenario, y que el presidente saliente le imponga al entrante la banda presidencial, cómo es el caso, por ejemplo, de Uruguay.  Esos actos de transmisión de mando son esencialmente actos que evocan el profundo respeto a la institucionalidad democrática de un país, además de la extraordinaria civilidad, educación y madurez política. Ese acto protocolar es siempre el mismo porque está diseñado para que el gobierno saliente entregue el mando de la nación de la misma forma en que lo recibió. Tomando en cuenta la forma violenta e inconstitucional en que Jeanine Añez llegó al poder, sería aberrante que pretenda entregarlo de igual manera.

Bajo esa lógica, tendrían que estar presentes personajes como el General Williams Kaliman, el General Orellana, Luis Fernando Camacho, la resistencia Cochala, las plataformas ciudadanas, las pititas, los policías que quemaron la wiphala en las afueras del Palacio Quemado, los que gasificaron a las cholitas que protestaban contra el golpe, y los militares que mataron a 36 indígenas en Senkata y Sacaba. La idea es totalmente aberrante, porque con Evo Morales todavía en el exilio y sus ministros presos o encerrados en embajadas, Jeanine Añez se apresura a controlar las riendas de un evento en el que los invitados especiales serían los represores del pueblo boliviano. Es un intento agresivo del gobierno de Añez de lavarse la cara a último momento, y eso se nota en la noticia de prensa cuando en todo momento se autodenomina gobierno “constitucional”.  Pareciera tratarse de una decisión política, legal y mediática de acercarse ante las cámaras, a los mandatarios electos de Bolivia, para evocar constitucionalidad y normalidad. Pero nada hubo de eso en el derrocamiento de Morales ni en el gobierno de Añez, y tratar de sugerirlo a último momento es aberrante en grado superlativo.

Considerando, además que el país se encuentra en crisis sanitaria y económica, y que el mundo enfrenta una segunda ola de coronavirus, lo que cabe en estas circunstancias es un sobrio acto de posesión del nuevo presidente, coordinado por ellos mismos desde el poder legislativo. El acto tendría que ser planificado respetando todas las medidas de bioseguridad, incluyendo la apropiada distancia social. No hay que olvidar que será un acto de posesión en tiempos de Coronavirus, lo que implica evitar hacinamientos y grandes conglomeraciones. Hay grandes diferencias entre un acto de transmisión de mando y uno de posesión del nuevo presidente. La primera involucra a dos partes, la segunda solo a una. En muchos países incluido Bolivia se usa la posesión del presidente, con lo cual se inaugura su mandato. Hoy más que nunca, no hay razón para forzar las cosas, ni espacio para fanfarrias ni maniobras mediáticas.  

La ruta marcada con sangre y coraje

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Por lo general, las condiciones en que se encuentra el país que recibe un presidente electo, marcan los retos que enfrentará su gobierno. En el caso de Bolivia, el presidente electo Luis Arce Catacora enfrentará retos que están más allá de la exitosa administración del estado, porque tienen que ver con los problemas endémicos del país, que fueron exacerbados a partir del golpe de Estado que derrocó a Morales.

Tanto atropello ha sufrido el pueblo boliviano desde entonces, que aparte de estabilidad económica, ahora anhela vivir en paz y en la seguridad de un verdadero estado de derecho, donde el ciudadano pueda confiar en la institucionalidad, en la justicia, en la policía, y en la civilidad de la política. Esos parecieran ser conceptos abstractos, hasta que se los analiza a profundidad y se ve todo el sufrimiento que causa la ausencia de ellos.

Nunca se vio que después de un cruento golpe de Estado en el que se asesinó a 36 indígenas e hirió a más de 700, el ministro represor se convierta en acusador, juez y verdugo de todas las víctimas del golpe. Que acuse al expresidente y a todos sus ministros de terrorismo por supuestamente asesinar a su propia gente, que la policía se dedique a fabricar teorías de apoyo a esa acusación, y que los jueces emitan sin prueba material ni juicio alguno, los mandamientos de arresto. Eso nunca más puede suceder.

La figura del arresto “preventivo” debe eliminarse, porque es el parapeto donde se esconde la violación a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa, y al derecho a la libre locomoción, entre otros, pero, además, porque crea las condiciones para el imperio de la corrupción judicial y policial, por la cual las cárceles están llenas de víctimas inocentes de la justicia, con juicios paralizados, y siendo extorsionadas por policías, jueces y abogados que viven de esa corrupción.

También se debiera tipificar con mayor claridad y penalizar severamente el delito de prevaricato o corrupción judicial para que los jueces no puedan dar curso a denuncias que no incluyan las pruebas materiales del delito, ni los abogados se atrevan a plantearlas, ni los ministros a promoverlas y mucho menos, los policías a acosar a la población y a arrestar sin orden de apremio emitida por sentencia de juez competente.

La institución de la Policía Nacional Boliviana no tiene ya razón de existir después de lo que ha hecho contra su pueblo. Debe ser fragmentada y descentralizada para pasar a depender de los gobiernos municipales y operar con competencias y jurisdicciones restringidas. Los arrestos, como todas las investigaciones criminales y diligencias de policía judicial deben ser conducidas exclusivamente por detectives o agentes profesionales y especializados, dependientes de otra institución totalmente independiente, que funcione además con control social. En cuanto a las Fuerzas Armadas, la insubordinación de los comandantes al presidente como comandante en jefe, no puede volver a repetirse. Debe penalizarse severamente y juzgarse en la justicia ordinaria, al igual que el uso de armas letales contra el pueblo.

Las condiciones en que el nuevo presidente electo recibe el poder en Bolivia marcan claramente la ruta de su gestión. Las vejaciones que sufrió su pueblo durante este año, el silencio ante la humillación, la sangre que derramó, y el coraje con el que resistió la represión y el amedrentamiento, hasta salir a votar en plena pandemia para llevarlo al poder con control parlamentario en ambas cámaras, le indican la ruta y le dan el mandato. Ojalá, Luis Arce Catacora tenga el coraje y la sabiduría que se necesitan para transitarla.

La verdad del racismo en Bolivia

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Hay muchas formas de racismo en el mundo, pero ninguno como el que se practica en Bolivia, donde es institucionalizado, de origen religioso, tenazmente encubierto y defendido. Es tan poderoso su mecanismo de opresión, que después de cinco siglos de haber postrado al indígena, éste sigue viviendo como elefante de circo, sin saber lo poderoso que es, con relación a la cadenita que lo sujeta de una pata. La espada y la cruz son los dos elementos claves de este método de dominación, pero antes de iniciar el análisis, es pertinente aclarar que la palabra “blanco” no será usada solo en referencia a blancos de raza, ni de piel, sino más que todo de conciencia. Se refiere a seres humanos obviamente mestizos, que se creen blancos y detestan al indígena.

En esa Bolivia tan peculiar, la cruz tiene dos simbolismos que hay que diferenciar. Para los “cristianos” que derrocaron a Morales, por ejemplo, la cruz es el arma que usan para poner de rodillas al indígena, y para éste, es el poder omnipotente que lo pone de rodillas. Así como durante la colonia, no significaba lo mismo ejecutar a espada, que ser ejecutado a espada, la cruz tampoco significa lo mismo para el blanco que para el indígena. Eso es así, porque tanto el indígena cómo el “blanco”, siguen proyectando en sus acciones, el adoctrinamiento impuesto por la espada y la cruz o, dicho de otro modo, por las masacres y la evangelización.

La espada, por lo tanto, es sólo el símbolo de la mitad del método de opresión. Es el símbolo de las atrocidades que se cometieron para torturar, matar y aterrorizar a los indígenas. La ejecución pública de los líderes, mediante los métodos más dolorosos y humillantes como el empalamiento, la desmembración, o amarrar a una mujer a la cola de un caballo para que la arrastre y la deshaga a patadas en el intento de deprenderse de ella, fueron actos orientados a ponerle la cadena psicológica a toda una nación que estaba ya acostumbrada a adorar, seguir al líder y a funcionar como comunidad.

La cruz, por su lado, es el símbolo de la otra mitad del mecanismo, porque tomó esa comunidad traumatizada, la convirtió en su propio rebaño, y la aterrorizó aún más con un Dios de duros mandamientos, con un cielo y un infierno, y que tenía en la tierra seres buenos y seres malos, superiores e inferiores, dignos e indignos, ricos y pobres, y mimados e ignorados. No es un secreto que al indígena le tocó la peor parte, ni que la crucifixión de Jesús, sea para ellos, algo muy real, cercano y terrorífico. En definitiva, ese mecanismo de dominación psicológica le quitó al indígena su identidad de pueblo libre y combativo, y después de destruirlo moralmente, se lo entregó al blanco, cómo sirviente y bestia de carga.      

A partir de ahí, la fe cristiana para los blancos fue la cadena que amarraba en sumisión a sus bestias de carga, mientras para el indígena, fue la cadena que lo amarraba. Como esa cadena había sido adjudicada a Dios, era, para el indígena, tan inapelable, e incontestable, que, si intentaba sacarse el yugo, rebelarse, o contestarle siquiera al blanco, estaba siendo insultante con Dios. Debe entenderse, por lo tanto, que las masacres físicas en Bolivia funcionan, además, como armas psicológicas de control masivo, para aterrorizar al indígena con el recuerdo que lleva bien grabado en la memoria. Masacres cómo las de Senkata y Sacaba, suceden cuando el indígena intenta protestar por su postración, y al hacerlo comete “herejía” al dejar de hincarse, al ponerse de pie, agarrar su bandera y reclamar su dignidad como ser humano.  Evo Morales cometió esa “herejía” con su proceso de cambio, no solo porque puso de pie al indígena, sino, además, porque le dio el espacio político y social que le corresponde, cosa que, sin duda alguna, le resultó insultante y ofensiva a la errónea conciencia de superioridad que todavía tiene el “blanco” boliviano.  Por eso Evo Morales fue satanizado como “hereje”, y derrocado por una coalición de poderes fácticos articulados en torno al símbolo de la cruz.

Ese golpe de Estado, muy mal disfrazado de “transición constitucional”, expuso la forma en que sigue funcionando este método de opresión. La Derecha de Santa Cruz, que articuló el golpe, ante su falta de convocatoria, y no pudiendo sacar a las calles, cómo en el pasado, milicias armadas para imponer bloqueos en las calles, lo hizo con “pititas”, simples cuerdas que cruzaron de lado a lado en las calles. En otras palabras, usaron una barrera simbólica que les funcionó en ese momento, pero que también expuso el secreto que había estado guardado por más de 500 años. Que, de hecho, el “blanco”, no tiene ya espada para doblegar al indígena, ni fuerza pasa imponerse a nadie, pero lo sigue haciendo, asustando sólo con la vaina de la vieja espada.

La Derecha “blanca” lo sabe, y por eso insiste en sacarlo de la contienda, ya sea quitándole la sigla a su instrumento político, haciendo inhabilitar a sus líderes, o tratando de reactivarle en la mente, los últimos vestigios de la consciencia de inferioridad y sometimiento que le puedan quedar. Lo hace con amedrentamientos, bravuconadas, insultos, juicios, persecuciones, y descalificaciones, todos ellos, actos simbólicos, sin valor real para someter al indígena, porque éste, se ha dado cuenta que el campo de batalla de esta última escaramuza por su libertad es su propia mente. “Soy libre carajo!” le faltaría meterse a la cabeza al indígena, y eso le devolvería no sólo su identidad y su dignidad, sino también el poder político, porque esa es la única opción que tiene Bolivia, para recuperar su soberanía, y su economía. Hoy, como ayer, la causa justa del indígena es la causa de todos los bolivianos. El 18 de octubre de 2020, parece estar marcado para la historia.   

Marcación humana degradante

Juan Carlos Zambrana Marchetti

La marcación física a hierro vivo fue una práctica común en tiempos coloniales, pero durante la inquisición, la condena a la tortura y a la muerte era precedida por una marcación moral degradante: “hereje” o “bruja”, entre otras. Pero eso no es cosa de un pasado lejano, porque en pleno siglo XX, en la Alemania Nazi, se utilizó una doble marcación en los judíos. Primero la marcación moral con la expresión “judío puerco” para identificarlos y reducirlos instantáneamente, despojándolos de todos los valores y derechos inherentes al ser humano, y después se los marcó físicamente con una numeración antes de ser enviados a las cámaras de gas.  

En estos casos la marcación fue perpetrada con impunidad por regímenes totalitarios, pero la historia nos muestra la existencia de nuevas formas de marcación, utilizadas por gobiernos que se suponen democráticos. Ese fue el caso, por ejemplo, de la marcación de “comunista” durante la segunda mitad del siglo XX en el hemisferio occidental, impulsada por la cruzada anticomunista del senador Joseph Mc’Carthty en Estados Unidos a partir del año 1950. Ante la imposibilidad de matar físicamente a personas que no habían cometido ningún crimen, se recurría a provocarles la muerte civil, asociándolas, sin razón alguna, con la criminalidad, y la “amenaza” que representaba la dictadura de Stalin para el pueblo estadounidense. Así se sometía a las víctimas primero a la condena social, luego al aislamiento, y a la miseria por falta de empleo y de crédito, antes de rematarlas con la persecución judicial y el encarcelamiento.   

Suramérica también sufrió el azote de esas prácticas de marcación humana degradante contra grandes segmentos de la sociedad. Ese es el caso de la marcación de “indio” para reducir a las personas, y bajarlas del estatus social que puedan tener en el presente, para marcarlas con el estatus de subhumano que supuestamente tenían sus antepasados en tiempos de la colonia.

En Bolivia, por ejemplo, toda la carga degradante que durante siglos se le fue añadiendo a la palabra “indio”, ha sido transferida a la palabra “masista”, que significa afín al MAS (Movimiento al Socialismo), el partido político del “indio” Evo Morales. Esto, por supuesto, después de haber satanizado a ese partido político, con un supuesto fraude electoral que ya ha sido ampliamente desmentido.

En cuanto a la marcación personal con móviles políticos, la Derecha ha intentado marcar a Evo Morales de “indio”, de “hediondo”, de “ladrón”, de “raza maldita” y hasta de “bestia salvaje”, pero más allá de esas marcaciones de connotación racista, también se lo ha intentado marcar con crímenes como el “terrorismo”, el “narcotráfico”, y últimamente la “pedofilia”. Ninguno de estos crímenes, que deben ser juzgados con probidad y condenados con severidad, le han sido probados en corte, pero todos fueron, y siguen siendo, utilizados políticamente para destruir su proceso de cambio, postrar nuevamente al “indio” en general.  

Por inverosímil que esto parezca en sociedades avanzadas, en Bolivia las cárceles están llenas de “presuntos” culpables de delitos que no les fueron probados en corte. Personas que están detenidas “preventivamente”, en procesos deliberadamente paralizados, que, además, fueron detenidas por simples acusaciones aberrantes de sus oponentes políticos. La marcación humana degradante, es otro delito que se suma a esta lista interminable de abusos de poder contra el ciudadano, que se cometen a diario en Bolivia. Este delito, por conllevar una falsa acusación, debiera ser severamente penalizado, más aún, cuando tiene móviles políticos orientados a cambiar el curso de la historia de todo un país. 

¿Qué espera el Congreso para terminar de una vez con todo este infierno de abuso de poder y corrupción judicial? Lo puede hacer sancionando y promulgando dos leyes muy simples.  Una eliminando de raíz la figura aberrante del arresto “preventivo”, y otra imponiendo respeto al precepto jurídico de presunción de inocencia. En ambos casos las normas tendrían que estar blindadas. Por ejemplo, penalizando con 10 años de cárcel el delito de falsa acusación, aplicable a denunciantes, abogados, fiscales, y jueces que se atrevan a dar curso a juicios sin la debida presentación y valoración de la prueba material del delito. También debiera tipificarse, en un segundo nivel de falsa acusación, el delito de marcación humana degradante. Esto es, la acción de asociar, por cualquier medio, el nombre o la imagen de una persona, con calificativos degradantes, o con algún delito por el cual no haya sido legalmente hallada culpable.

Leyes como esas, tendrían que ser aprobadas por unanimidad en el Congreso boliviano, tanto por el 2/3 de representación parlamentaria que controla el MAS, cuyos líderes están siendo perseguidos en el presente, como por el 1/3 restante, cuyos líderes ahora gobiernan, pero después del 18 de octubre, serán acusados de crímenes, corrupción, y otros delitos. 

Es hora de que la justicia boliviana salga de la edad media y se adhiera a la modernidad.

Algo apesta en Bolivia

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Los bolivianos, ahora más que nunca, sobreviven sumidos hasta el cuello en las aguas negras de las cloacas, que es allí el sistema judicial. Sin embargo, eso es visible sólo dese afuera, al contraste de sociedades más avanzadas, donde el ser humano tiene derechos fundamentales inviolables, a los que los bolivianos ni siquiera aspiran. No existe en Bolivia el más elemental derecho a la libertad, o a que los poderes fácticos respeten la presunción de inocencia del ciudadano, o que, llegado el caso, el ciudadano sea juzgado por un sistema judicial honesto e independiente del poder político y policial.

Los bolivianos están tan acostumbrados a sobrevivir en esa realidad, que sólo ven justicia en la ficción de películas extranjeras, donde detectives aun sabiendo la identidad del culpable, no lo pueden arrestar, y siguen investigando, hasta obtener una prueba material del delito, y recién entonces se presentan ante el fiscal, para que éste, después de valorar la prueba, se presente ante el juez y le asegure que por fin está en condiciones de probar el crimen. El Juez después de valorar la prueba, emite el mandamiento de arresto, y recién ahí la policía está autorizada a detener al individuo para llevarlo ante el juez, y que empiece el juicio. Eso, porque la ley establece que todo ciudadano ES INOCENTE, hasta que se pruebe lo contrario en una corte. El ciudadano, por lo tanto, es intocable para la policía, y existe un largo proceso lleno de condicionamientos, para que un juez pueda emitir el mandamiento de arresto. El Estado, es quien tiene toda la carga de la prueba contra el ciudadano.

En Bolivia es al revés. Allí las cárceles están llenas de “presuntos” culpables, sin que se les haya probado delito alguno. Se usa el arresto “preventivo”, para encarcelar a la víctima sin prueba alguna, y que la policía archive el expediente. Todos saben que la “investigación” no existe, porque la policía tiene engranajes que sólo se mueven si son engrasados por sobornos. Ahí empieza al calvario de los detenidos y perseguidos, porque la carga de la prueba de su inocencia recae sobre ellos. En estado de absoluta indefensión, desde la cárcel, desde la clandestinidad, o desde el exilio, las víctimas de este sistema corrupto tienen que probar su inocencia. Policías, Jueces y abogados, todos viven de un sistema judicial diseñado para esa corrupción.

Cuando el móvil del arresto o la persecución es político, para deshacerse de adversarios, los juicios se paralizan todavía más porque no existen los delitos, y mucho menos las pruebas, pero eso no importa, porque con los arrestos ya se inhabilitó a los adversarios. Cuando se pretende una eliminación permanente, se provoca la muerte civil de las victimas ante la opinión pública, para que sean juzgadas y condenadas, sin prueba alguna, por el legendario “vox pupuli”, que en la actualidad es una opinión pública totalmente manipulada por noticias falsas de Facebook, Twitter y YouTube. Para eso, la policía filtra material audiovisual robado de los teléfonos de las víctimas, e inventa una historieta que se hará viral de inmediato.   

Una vez que se ha logrado el objetivo político, la “Justicia” abandona su persecución, dejando a la víctima manchada, destruida física y moralmente, y en la miseria, para enfrentar en esas condiciones, la costosa tarea de reconstruir todo lo perdido. Y así, el submundo pestilente de la justicia boliviana sigue vigente, cada vez más putrefacto, y cada vez más peligroso.

Crímenes Orwellianos de Jeanine Añez

En 1949 el escritor Británico George Orwell escribió su famosa distopía en la que muestra una sociedad totalmente alienada. La obra es “1984” y describe la criminalidad de un gobierno autoritario que finge ser bueno y patriótico. Un imperio de la impostura en el que el pueblo es sometido a una brutal represión psicológica, antes de la represión física, la cual se usa sólo contra aquellos con los que no funcione la primera opción.

Se impone la “realidad” de un mundo al revés, mediante premisas como. “LA GUERRA ES LA PAZ, LA IGNORANCIA ES LA FUERZA, y EL PODER ES DIOS.” La primera se refiere a la invención de una guerra con la cual se mantiene a la población concentrada en esa “obligación superior”, y legitima el estado de excepción, en el que el gobierno no provee para el pueblo, ni respeta el estado de derecho. “La ignorancia es la fuerza” es el mecanismo por el cual el gobierno impone sus mentiras y logra que el pueblo, aplastado por la represión y las exigencias de la vida cotidiana, las acepte sin chistar.

“El poder es Dios” porque el creyente convertido en rebaño lo acepta todo. Solo Dios tendría el poder de alterar el pasado y de establecer que 2+2=5, pero si el líder lo dice, sus aliados le creen, la prensa lo repite, y el pueblo lo acepta, pues sucede en la mente y “sólo lo que allí sucede tiene una realidad. DOS Y DOS SON CINCO”. Esa frase ilustra el trágico final de individuos pensantes, que terminan quebrantados, aceptando la imbecilidad como una realidad esencial para la supervivencia.

En el caso de Bolivia, un “enviado de Dios” engañó a todos con su “Guerra Santa” contra el “indio maligno”, reclutó para el golpe a los poderes fácticos, y expulsó al “indio”. Con secuestros exprés, hizo renunciar a todos los líderes parlamentarios del MAS y posesionó a una presidenta títere que instaló el régimen Orwelliano al estilo de 1984.  

Jeanine Añez empezó por aterrorizar al pueblo asesinando a 36 personas, e hiriendo a más de cuatrocientas, pero luego, le endilgó esa criminalidad al “enemigo” externo: el indio en el exilio. La narrativa oficial equivalente a 2+2=5 es que “el propio Evo Morales hizo importar guerrilleros de las FARC para dispararles a sus propios defensores, por la espalda, y mientras escapaban de las fuerzas represoras de Jeanine Añez.”  Con tamaña historieta, marcaron de terroristas a Evo y a todos sus colaboradores, después amedrentaron a la prensa, y encarcelaron a los exministros, ya sea en cárceles o en embajadas cercadas, como la de México, donde siete exautoridades permanecen encerradas, privadas del derecho al asilo político. Incluso una abogada embarazada, por ser apoderada de Morales está presa acusada de terrorismo. Un mundo al revés, en el que un presidente respetuoso de la vida, con 2/3 del poder parlamentario y todos sus colaboradores son terroristas, y los golpistas que incendiaron casas e instituciones, asesinaron, aterrorizaron, y demostraron ser corruptos, son la ley y la justicia. 2+2=5.   

Pero no todo está perdido, porque Orwell concluye que la clase pobre y trabajadora conserva sus sentimientos, sus emociones, su integridad y su sentido de comunidad. No son autómatas, ni rebaños, ni se han endurecido por dentro y siguen siendo humanos. No son leales a una ideología política, ni a un líder, ni a una religión, sino que se guardan mutua lealtad unos a otros, y, por lo tanto, son la esperanza, porque ellos almacenan en sus corazones, en sus vientres y en sus músculos, la energía que cambiará al mundo.