La ruta marcada con sangre y coraje

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Por lo general, las condiciones en que se encuentra el país que recibe un presidente electo, marcan los retos que enfrentará su gobierno. En el caso de Bolivia, el presidente electo Luis Arce Catacora enfrentará retos que están más allá de la exitosa administración del estado, porque tienen que ver con los problemas endémicos del país, que fueron exacerbados a partir del golpe de Estado que derrocó a Morales.

Tanto atropello ha sufrido el pueblo boliviano desde entonces, que aparte de estabilidad económica, ahora anhela vivir en paz y en la seguridad de un verdadero estado de derecho, donde el ciudadano pueda confiar en la institucionalidad, en la justicia, en la policía, y en la civilidad de la política. Esos parecieran ser conceptos abstractos, hasta que se los analiza a profundidad y se ve todo el sufrimiento que causa la ausencia de ellos.

Nunca se vio que después de un cruento golpe de Estado en el que se asesinó a 36 indígenas e hirió a más de 700, el ministro represor se convierta en acusador, juez y verdugo de todas las víctimas del golpe. Que acuse al expresidente y a todos sus ministros de terrorismo por supuestamente asesinar a su propia gente, que la policía se dedique a fabricar teorías de apoyo a esa acusación, y que los jueces emitan sin prueba material ni juicio alguno, los mandamientos de arresto. Eso nunca más puede suceder.

La figura del arresto “preventivo” debe eliminarse, porque es el parapeto donde se esconde la violación a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa, y al derecho a la libre locomoción, entre otros, pero, además, porque crea las condiciones para el imperio de la corrupción judicial y policial, por la cual las cárceles están llenas de víctimas inocentes de la justicia, con juicios paralizados, y siendo extorsionadas por policías, jueces y abogados que viven de esa corrupción.

También se debiera tipificar con mayor claridad y penalizar severamente el delito de prevaricato o corrupción judicial para que los jueces no puedan dar curso a denuncias que no incluyan las pruebas materiales del delito, ni los abogados se atrevan a plantearlas, ni los ministros a promoverlas y mucho menos, los policías a acosar a la población y a arrestar sin orden de apremio emitida por sentencia de juez competente.

La institución de la Policía Nacional Boliviana no tiene ya razón de existir después de lo que ha hecho contra su pueblo. Debe ser fragmentada y descentralizada para pasar a depender de los gobiernos municipales y operar con competencias y jurisdicciones restringidas. Los arrestos, como todas las investigaciones criminales y diligencias de policía judicial deben ser conducidas exclusivamente por detectives o agentes profesionales y especializados, dependientes de otra institución totalmente independiente, que funcione además con control social. En cuanto a las Fuerzas Armadas, la insubordinación de los comandantes al presidente como comandante en jefe, no puede volver a repetirse. Debe penalizarse severamente y juzgarse en la justicia ordinaria, al igual que el uso de armas letales contra el pueblo.

Las condiciones en que el nuevo presidente electo recibe el poder en Bolivia marcan claramente la ruta de su gestión. Las vejaciones que sufrió su pueblo durante este año, el silencio ante la humillación, la sangre que derramó, y el coraje con el que resistió la represión y el amedrentamiento, hasta salir a votar en plena pandemia para llevarlo al poder con control parlamentario en ambas cámaras, le indican la ruta y le dan el mandato. Ojalá, Luis Arce Catacora tenga el coraje y la sabiduría que se necesitan para transitarla.