Luis Arce ante el cuoteo del poder

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Según la prensa boliviana, el presidente electo Luis Arce Catacora estaría entre dos corrientes internas de su partido a la hora de conformar su gabinete ministerial. La disyuntiva sería incluir a los exministros de Evo, o entregarse de lleno a las fuerzas emergentes que exigen cobrar sus cuotas de poder con repartija de ministerios. Dado que eso no sucede en otros países, y que en Bolivia todavía hay quienes lo “exigen” sin reparo alguno, es necesario explicar para el mundo este fenómeno que nada tiene de democrático.

Hasta la primera mitad del siglo XX el poder en Bolivia lo controlaban discretamente los tres barones del estaño, pero el cuoteo descarado del poder con repartija de ministerios por sectores, se hizo notorio después de la revolución de 1952 cuando el presidente Víctor Paz fue posesionado entre ráfagas y dinamitazos de las milicias mineras y campesinas que habían derrotado al ejército en las calles. La repartija de ministerios era entre todos los sectores populares, pero como ejemplo basta mencionar que el Ministerio de Minas y Petróleo, era de los trabajadores mineros, y el de Asuntos Campesinos, para repartir tierras, de los indígenas de Cochabamba. Como consecuencia de ello, el Palacio Quemado se convirtió en un campo de batalla, donde hasta a los golpes llegaron los ministros que “cogobernaban”. Los mineros exigían nacionalización de todas las minas con control obrero, y los campesinos la tierra sólo para el campesino, más armas y la disolución total del ejército. Ninguno logró sus objetivos porque el MNR desvirtuó las reformas, pero, en cambio, surgió la división entre las milicias campesinas de Cliza y Ucureña en el valle de Cochabamba, las cuales se enfrentaron durante una década, por las listas para los escaños en el congreso, hasta que se produjo una masacre. La solución del MNR fue separarlas, desarmarlas, y disolverlas utilizando para ello a unas Fuerzas Armadas renovadas y fortalecidas, que en 1964 dieron un golpe de Estado e inauguraron un nuevo ciclo de dictaduras militares que volvieron a reprimir al indígena.

El cuoteo del poder no funciona porque desvirtúa la democracia, reduciendo el gobierno a un botín de asalto de los grupos de poder allí representados. Le quita fuerza, libertad, respeto y legitimidad al presidente, y le impide gobernar con eficiencia para todos los ciudadanos, porque en lugar de tener como ministros a expertos asesores en las diferentes ramas de la administración pública, gobierna sitiado y constantemente acosado por una jauría de agentes cabilderos que trabajan para sus sectores y obedecen sólo a ellos.

Durante los 14 años del MAS, Evo Morales logró desterrar el cuoteo, y mantener a su partido unido en torno a su liderazgo. El problema ahora es que, después el golpe de Estado del año pasado, el exilio de Evo y el asilo de sus ministros, los líderes emergentes que quedaron libres porque no fueron perseguidos creen que fueron ellos quienes recuperaron el poder, y ahora piden cuotas de ese poder. La verdad es que para poder recuperar el poder trabajaron todos, aunque algunos tuvieron que hacerlo en forma discreta. Evo trabajó incansablemente desde su exilio, y sus exministros desde sus asilos, todos dirigiendo diferentes operaciones de la campaña. Seria un grave error de cálculo creer que estas elecciones las ganaron los nuevos elementos, sin la decidida intervención de Evo para mantenerlos en línea, persuadirlos a llegar a acuerdos, a ceder cuando no había espacio para todos, y a comprometerlos a apoyar al compañero que sea elegido, para mantener la unidad. El manejo de la campaña fue espectacular. Se hicieron los estudios necesarios de marketing político, se buscó los recursos, se buscó el apoyo internacional, y se contrató a los expertos.  Fue con esa enorme estructura de partido organizado en torno a su líder histórico y jefe de campaña, que el MAS recuperó el poder, y lo peor que podría suceder ahora es que se fragmente por tratar de imponer un cuoteo del poder que jamás funcionará. Eso es una aberración de la política boliviana, y una práctica propia de oportunistas, de piratas, de asaltantes y de ejércitos invasores, que nada tiene que ver con la democracia, donde la legitimidad del presidente emerge del voto popular, y su fuerza de la organización y unidad de su partido.         

Sin embargo, es necesario un cambio de mentalidad en el manejo del poder, y una renovación de los cuadros dirigenciales, es verdad. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado y con responsabilidad. En la coyuntura boliviana, que poco tiene de ideal, el principio más aplicable sería el de los pesos y contrapesos. El presidente Arce, de su propia iniciativa y con plena libertad, debiera buscar un balance de fuerzas con gente capacitada, para poder tener la gobernabilidad que sólo le puede asegurar un entorno experimentado, el respaldo de un partido unido en torno a su líder histórico, y la revitalización que le pueden dar los profesionales jóvenes, pero sin aceptar del cuoteo del poder con repartija de ministerios. Buscar siempre un balance de fuerzas con gente capacitada, sería lo más razonable, y no sólo para la conformación de su gabinete.           

Por el bien de todos los bolivianos, el liderazgo histórico del MAS, el emergente, y las organizaciones sociales, tendrían que entender que al presidente Arce, hay que protegerlo y apoyarlo, pero también dejarlo gobernar, para que él pueda reconstruir la institucionalidad, buscar el equilibrio con pesos y contrapesos en todas las instituciones del estado, y ceder espacios para el debate y la fiscalización. Solo con ese tipo de acciones puede empezar con pie derecho, a conquistar la confianza de su pueblo. El capricho, hoy como siempre, solo conduciría a una relación altamente contenciosa, no sólo al interior del partido, sino también con los enervados sectores de la oposición.    

Los 2/3 contra el “indio” en Bolivia

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Después de diez días de la elección de octubre en Bolivia, las autoridades electas recibieron sus credenciales. Eso implica que la voluntad del pueblo expresada en las urnas, para la conformación del poder político que gobernará Bolivia, tiene ya nombres y apellidos. Sin embargo, hay todavía algunos desubicados que no entienden la democracia como la voluntad del pueblo expresada mediante el voto. La entienden como una guerra permanente, por cualquier medio, por muy aberrante que puedan ser.  

Se trata, por supuesto, de los mismos actores de siempre. Los “cívicos” de Santa Cruz, algunos jóvenes evangélicos, y una plataforma ciudadana. Primero hicieron un cabildo para rechazar la elección, en el cual adujeron “fraude” y declararon un paro cívico que no fue acatado por las instituciones ni por la población. Luego hicieron una “vigilia” frente a las instalaciones a la Octava División del Ejército, para intentar subvertir a las Fuerzas Armadas como lo hicieron en 2019 para derrocar a Evo Morales. Luego el presidente del Comité Pro Santa Cruz presentó un amparo constitucional para impedir el acto de posesión programado para el 8 de noviembre. Pero por si eso también les fallara, se desató la primera operación orientada a derrocar a Luís Arce y a David Choquehuanca. La primera acción de ese plan de mediano plazo fue protestar por el cambio que hizo la Asamblea Legislativa en su reglamento de debate, para poder sancionar algunas leyes por mayoría simple, en lugar del 2/3 que la Derecha le había impuesto al gobierno de Evo Morales.

Desde todo punto de vista, el cambio es legal ya que ambas cámaras lo hicieron con absoluta competencia y con los votos requeridos. El objetivo de este cambio es devolverle al gobierno entrante la habilidad de sancionar las leyes de los ascensos militares y policiales por simple mayoría. Hay que recordar que durante del derrocamiento de Evo Morales, las fuerzas policiales y militares rodearon el palacio legislativo para impedir que el 2/3 del poder parlamentario del MAS pudiera reorganizarse y formar gobierno. Después de las masacres de Senkata y Sacaba, el gobierno de Añez pretendió que el senado le apruebe los ascensos para premiar a sus fuerzas represoras. La cámara de senadores controlada por el MAS se negó a hacerlo, y el General Orellana, en traje de campaña y rodeado de otros militares invadió el recinto legislativo para intimidar como a “india” a la presidenta Eva Copa. Pero no logró intimidarla. La presidenta del senado no se doblegó, y como respuesta, las Fuerzas Armadas, en otro acto de desacato, decidieron cambiar su reglamento interno para ascenderse “de hecho”, sin aprobación del senado como lo manda la constitución.

Lo que pretende ahora la ultraderecha cruceña, golpista e irresponsable, es condenar desde el primer día al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a gobernar como “indios”, eso es, sometidos al orden establecido del blanco, y sitiados por los mismos altos mandos militares y policiales que derrocaron al otro “indio”. Eso es inaceptable, irrespetuoso, inconstitucional y claramente subversivo. Las tropas y oficiales de bajo rango obedecieron órdenes superiores en los hechos de sangre del año pasado, es verdad, pero los altos mandos tienen que ser renovados, como es habitual, más aún en el peculiar caso boliviano.          

Otro punto que regresa a ser decidido por simple mayoría es la asignación de embajadores, lo cual significa que, en total, lo que está en juego es la gobernabilidad. La seguridad interna del gobierno, y también su política exterior. Todos los presidentes del mundo tienen derecho a esa elemental prerrogativa. Simple mayoría es lo normal para sancionar esas leyes, pero el 2/3 de Bolivia nació del irracional odio racial contra Morales desde su primer gobierno, cuando no controlaba el senado y la Derecha le bloqueó alrededor de 800 leyes. Para incapacitar al “indio”, a pesar de su mayoría absoluta en el congreso impusieron el condicionamiento de la mayoría extraordinaria del 2/3, y de hecho lo incapacitaron, hasta que el pueblo le dio ese 2/3 y así de sometido funcionó el congreso hasta el presente. Lo que ahora sucede es que esa bancada parlamentaria indígena con poder extraordinario de 2/3 está a punto de terminar su mandato. Sabe que a su sucesora le faltaran 3 escaños para poder seguir funcionando condicionada a tener un poder extraordinario de 2/3 y ha decidido, antes de marcharse, volver a poner las cosas en orden, y como deben ser. Es un acto de legítima defensa de la gobernabilidad para que se pueda cumplir el mandato del pueblo, ante el peligro latente y manifiesto de la subversión. Simple mayoría es lo normal para sancionar esas leyes. La imposición arbitraria del 2/3 fue el mecanismo de la ultraderecha para incapacitar al gobierno del “indio”. Los tiempos cambian y esa humillación ya no puede continuar.  

¿Transmisión o posesión en Bolivia?

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Tras la victoria contundente de Luis Arce Catacora en Bolivia, la prensa dio cuenta de una noticia sorprendente. Como si nada extraño hubiese pasado con el derrocamiento de Evo Morales y la posesión arbitraria de Jeanine Añez, el gobierno interino de esta señora planea un acto de transmisión de mando. La palabra transmisión implica la presencia de los dos mandatarios en el mismo escenario, y que el presidente saliente le imponga al entrante la banda presidencial, cómo es el caso, por ejemplo, de Uruguay.  Esos actos de transmisión de mando son esencialmente actos que evocan el profundo respeto a la institucionalidad democrática de un país, además de la extraordinaria civilidad, educación y madurez política. Ese acto protocolar es siempre el mismo porque está diseñado para que el gobierno saliente entregue el mando de la nación de la misma forma en que lo recibió. Tomando en cuenta la forma violenta e inconstitucional en que Jeanine Añez llegó al poder, sería aberrante que pretenda entregarlo de igual manera.

Bajo esa lógica, tendrían que estar presentes personajes como el General Williams Kaliman, el General Orellana, Luis Fernando Camacho, la resistencia Cochala, las plataformas ciudadanas, las pititas, los policías que quemaron la wiphala en las afueras del Palacio Quemado, los que gasificaron a las cholitas que protestaban contra el golpe, y los militares que mataron a 36 indígenas en Senkata y Sacaba. La idea es totalmente aberrante, porque con Evo Morales todavía en el exilio y sus ministros presos o encerrados en embajadas, Jeanine Añez se apresura a controlar las riendas de un evento en el que los invitados especiales serían los represores del pueblo boliviano. Es un intento agresivo del gobierno de Añez de lavarse la cara a último momento, y eso se nota en la noticia de prensa cuando en todo momento se autodenomina gobierno “constitucional”.  Pareciera tratarse de una decisión política, legal y mediática de acercarse ante las cámaras, a los mandatarios electos de Bolivia, para evocar constitucionalidad y normalidad. Pero nada hubo de eso en el derrocamiento de Morales ni en el gobierno de Añez, y tratar de sugerirlo a último momento es aberrante en grado superlativo.

Considerando, además que el país se encuentra en crisis sanitaria y económica, y que el mundo enfrenta una segunda ola de coronavirus, lo que cabe en estas circunstancias es un sobrio acto de posesión del nuevo presidente, coordinado por ellos mismos desde el poder legislativo. El acto tendría que ser planificado respetando todas las medidas de bioseguridad, incluyendo la apropiada distancia social. No hay que olvidar que será un acto de posesión en tiempos de Coronavirus, lo que implica evitar hacinamientos y grandes conglomeraciones. Hay grandes diferencias entre un acto de transmisión de mando y uno de posesión del nuevo presidente. La primera involucra a dos partes, la segunda solo a una. En muchos países incluido Bolivia se usa la posesión del presidente, con lo cual se inaugura su mandato. Hoy más que nunca, no hay razón para forzar las cosas, ni espacio para fanfarrias ni maniobras mediáticas.  

La ruta marcada con sangre y coraje

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Por lo general, las condiciones en que se encuentra el país que recibe un presidente electo, marcan los retos que enfrentará su gobierno. En el caso de Bolivia, el presidente electo Luis Arce Catacora enfrentará retos que están más allá de la exitosa administración del estado, porque tienen que ver con los problemas endémicos del país, que fueron exacerbados a partir del golpe de Estado que derrocó a Morales.

Tanto atropello ha sufrido el pueblo boliviano desde entonces, que aparte de estabilidad económica, ahora anhela vivir en paz y en la seguridad de un verdadero estado de derecho, donde el ciudadano pueda confiar en la institucionalidad, en la justicia, en la policía, y en la civilidad de la política. Esos parecieran ser conceptos abstractos, hasta que se los analiza a profundidad y se ve todo el sufrimiento que causa la ausencia de ellos.

Nunca se vio que después de un cruento golpe de Estado en el que se asesinó a 36 indígenas e hirió a más de 700, el ministro represor se convierta en acusador, juez y verdugo de todas las víctimas del golpe. Que acuse al expresidente y a todos sus ministros de terrorismo por supuestamente asesinar a su propia gente, que la policía se dedique a fabricar teorías de apoyo a esa acusación, y que los jueces emitan sin prueba material ni juicio alguno, los mandamientos de arresto. Eso nunca más puede suceder.

La figura del arresto “preventivo” debe eliminarse, porque es el parapeto donde se esconde la violación a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa, y al derecho a la libre locomoción, entre otros, pero, además, porque crea las condiciones para el imperio de la corrupción judicial y policial, por la cual las cárceles están llenas de víctimas inocentes de la justicia, con juicios paralizados, y siendo extorsionadas por policías, jueces y abogados que viven de esa corrupción.

También se debiera tipificar con mayor claridad y penalizar severamente el delito de prevaricato o corrupción judicial para que los jueces no puedan dar curso a denuncias que no incluyan las pruebas materiales del delito, ni los abogados se atrevan a plantearlas, ni los ministros a promoverlas y mucho menos, los policías a acosar a la población y a arrestar sin orden de apremio emitida por sentencia de juez competente.

La institución de la Policía Nacional Boliviana no tiene ya razón de existir después de lo que ha hecho contra su pueblo. Debe ser fragmentada y descentralizada para pasar a depender de los gobiernos municipales y operar con competencias y jurisdicciones restringidas. Los arrestos, como todas las investigaciones criminales y diligencias de policía judicial deben ser conducidas exclusivamente por detectives o agentes profesionales y especializados, dependientes de otra institución totalmente independiente, que funcione además con control social. En cuanto a las Fuerzas Armadas, la insubordinación de los comandantes al presidente como comandante en jefe, no puede volver a repetirse. Debe penalizarse severamente y juzgarse en la justicia ordinaria, al igual que el uso de armas letales contra el pueblo.

Las condiciones en que el nuevo presidente electo recibe el poder en Bolivia marcan claramente la ruta de su gestión. Las vejaciones que sufrió su pueblo durante este año, el silencio ante la humillación, la sangre que derramó, y el coraje con el que resistió la represión y el amedrentamiento, hasta salir a votar en plena pandemia para llevarlo al poder con control parlamentario en ambas cámaras, le indican la ruta y le dan el mandato. Ojalá, Luis Arce Catacora tenga el coraje y la sabiduría que se necesitan para transitarla.

La verdad del racismo en Bolivia

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Hay muchas formas de racismo en el mundo, pero ninguno como el que se practica en Bolivia, donde es institucionalizado, de origen religioso, tenazmente encubierto y defendido. Es tan poderoso su mecanismo de opresión, que después de cinco siglos de haber postrado al indígena, éste sigue viviendo como elefante de circo, sin saber lo poderoso que es, con relación a la cadenita que lo sujeta de una pata. La espada y la cruz son los dos elementos claves de este método de dominación, pero antes de iniciar el análisis, es pertinente aclarar que la palabra “blanco” no será usada solo en referencia a blancos de raza, ni de piel, sino más que todo de conciencia. Se refiere a seres humanos obviamente mestizos, que se creen blancos y detestan al indígena.

En esa Bolivia tan peculiar, la cruz tiene dos simbolismos que hay que diferenciar. Para los “cristianos” que derrocaron a Morales, por ejemplo, la cruz es el arma que usan para poner de rodillas al indígena, y para éste, es el poder omnipotente que lo pone de rodillas. Así como durante la colonia, no significaba lo mismo ejecutar a espada, que ser ejecutado a espada, la cruz tampoco significa lo mismo para el blanco que para el indígena. Eso es así, porque tanto el indígena cómo el “blanco”, siguen proyectando en sus acciones, el adoctrinamiento impuesto por la espada y la cruz o, dicho de otro modo, por las masacres y la evangelización.

La espada, por lo tanto, es sólo el símbolo de la mitad del método de opresión. Es el símbolo de las atrocidades que se cometieron para torturar, matar y aterrorizar a los indígenas. La ejecución pública de los líderes, mediante los métodos más dolorosos y humillantes como el empalamiento, la desmembración, o amarrar a una mujer a la cola de un caballo para que la arrastre y la deshaga a patadas en el intento de deprenderse de ella, fueron actos orientados a ponerle la cadena psicológica a toda una nación que estaba ya acostumbrada a adorar, seguir al líder y a funcionar como comunidad.

La cruz, por su lado, es el símbolo de la otra mitad del mecanismo, porque tomó esa comunidad traumatizada, la convirtió en su propio rebaño, y la aterrorizó aún más con un Dios de duros mandamientos, con un cielo y un infierno, y que tenía en la tierra seres buenos y seres malos, superiores e inferiores, dignos e indignos, ricos y pobres, y mimados e ignorados. No es un secreto que al indígena le tocó la peor parte, ni que la crucifixión de Jesús, sea para ellos, algo muy real, cercano y terrorífico. En definitiva, ese mecanismo de dominación psicológica le quitó al indígena su identidad de pueblo libre y combativo, y después de destruirlo moralmente, se lo entregó al blanco, cómo sirviente y bestia de carga.      

A partir de ahí, la fe cristiana para los blancos fue la cadena que amarraba en sumisión a sus bestias de carga, mientras para el indígena, fue la cadena que lo amarraba. Como esa cadena había sido adjudicada a Dios, era, para el indígena, tan inapelable, e incontestable, que, si intentaba sacarse el yugo, rebelarse, o contestarle siquiera al blanco, estaba siendo insultante con Dios. Debe entenderse, por lo tanto, que las masacres físicas en Bolivia funcionan, además, como armas psicológicas de control masivo, para aterrorizar al indígena con el recuerdo que lleva bien grabado en la memoria. Masacres cómo las de Senkata y Sacaba, suceden cuando el indígena intenta protestar por su postración, y al hacerlo comete “herejía” al dejar de hincarse, al ponerse de pie, agarrar su bandera y reclamar su dignidad como ser humano.  Evo Morales cometió esa “herejía” con su proceso de cambio, no solo porque puso de pie al indígena, sino, además, porque le dio el espacio político y social que le corresponde, cosa que, sin duda alguna, le resultó insultante y ofensiva a la errónea conciencia de superioridad que todavía tiene el “blanco” boliviano.  Por eso Evo Morales fue satanizado como “hereje”, y derrocado por una coalición de poderes fácticos articulados en torno al símbolo de la cruz.

Ese golpe de Estado, muy mal disfrazado de “transición constitucional”, expuso la forma en que sigue funcionando este método de opresión. La Derecha de Santa Cruz, que articuló el golpe, ante su falta de convocatoria, y no pudiendo sacar a las calles, cómo en el pasado, milicias armadas para imponer bloqueos en las calles, lo hizo con “pititas”, simples cuerdas que cruzaron de lado a lado en las calles. En otras palabras, usaron una barrera simbólica que les funcionó en ese momento, pero que también expuso el secreto que había estado guardado por más de 500 años. Que, de hecho, el “blanco”, no tiene ya espada para doblegar al indígena, ni fuerza pasa imponerse a nadie, pero lo sigue haciendo, asustando sólo con la vaina de la vieja espada.

La Derecha “blanca” lo sabe, y por eso insiste en sacarlo de la contienda, ya sea quitándole la sigla a su instrumento político, haciendo inhabilitar a sus líderes, o tratando de reactivarle en la mente, los últimos vestigios de la consciencia de inferioridad y sometimiento que le puedan quedar. Lo hace con amedrentamientos, bravuconadas, insultos, juicios, persecuciones, y descalificaciones, todos ellos, actos simbólicos, sin valor real para someter al indígena, porque éste, se ha dado cuenta que el campo de batalla de esta última escaramuza por su libertad es su propia mente. “Soy libre carajo!” le faltaría meterse a la cabeza al indígena, y eso le devolvería no sólo su identidad y su dignidad, sino también el poder político, porque esa es la única opción que tiene Bolivia, para recuperar su soberanía, y su economía. Hoy, como ayer, la causa justa del indígena es la causa de todos los bolivianos. El 18 de octubre de 2020, parece estar marcado para la historia.   

Marcación humana degradante

Juan Carlos Zambrana Marchetti

La marcación física a hierro vivo fue una práctica común en tiempos coloniales, pero durante la inquisición, la condena a la tortura y a la muerte era presidida por una marcación moral degradante: “hereje” o “bruja”, entre otras. Pero eso no es cosa de un pasado lejano, porque en pleno siglo XX, en la Alemania Nazi, se utilizó una doble marcación en los judíos. Primero la marcación moral con la expresión “judío puerco” para identificarlos y reducirlos instantáneamente, despojándolos de todos los valores y derechos inherentes al ser humano, y después se los marcó físicamente con una numeración antes de ser enviados a las cámaras de gas.  

En estos casos la marcación fue perpetrada con impunidad por regímenes totalitarios, pero la historia nos muestra la existencia de nuevas formas de marcación, utilizadas por gobiernos que se suponen democráticos. Ese fue el caso, por ejemplo, de la marcación de “comunista” durante la segunda mitad del siglo XX en el hemisferio occidental, impulsada por la cruzada anticomunista del senador Joseph Mc’Carthty en Estados Unidos a partir del año 1950. Ante la imposibilidad de matar físicamente a personas que no habían cometido ningún crimen, se recurría a provocarles la muerte civil, asociándolas, sin razón alguna, con la criminalidad, y la “amenaza” que representaba la dictadura de Stalin para el pueblo estadounidense. Así se sometía a las víctimas primero a la condena social, luego al aislamiento, y a la miseria por falta de empleo y de crédito, antes de rematarlas con la persecución judicial y el encarcelamiento.   

Suramérica también sufrió el azote de esas prácticas de marcación humana degradante contra grandes segmentos de la sociedad. Ese es el caso de la marcación de “indio” para reducir a las personas, y bajarlas del estatus social que puedan tener en el presente, para marcarlas con el estatus de subhumano que supuestamente tenían sus antepasados en tiempos de la colonia.

En Bolivia, por ejemplo, toda la carga degradante que durante siglos se le fue añadiendo a la palabra “indio”, ha sido transferida a la palabra “masista”, que significa afín al MAS (Movimiento al Socialismo), el partido político del “indio” Evo Morales. Esto, por supuesto, después de haber satanizado a ese partido político, con un supuesto fraude electoral que ya ha sido ampliamente desmentido.

En cuanto a la marcación personal con móviles políticos, la Derecha ha intentado marcar a Evo Morales de “indio”, de “hediondo”, de “ladrón”, de “raza maldita” y hasta de “bestia salvaje”, pero más allá de esas marcaciones de connotación racista, también se lo ha intentado marcar con crímenes como el “terrorismo”, el “narcotráfico”, y últimamente la “pedofilia”. Ninguno de estos crímenes, que deben ser juzgados con probidad y condenados con severidad, le han sido probados en corte, pero todos fueron, y siguen siendo, utilizados políticamente para destruir su proceso de cambio, postrar nuevamente al “indio” en general.  

Por inverosímil que esto parezca en sociedades avanzadas, en Bolivia las cárceles están llenas de “presuntos” culpables de delitos que no les fueron probados en corte. Personas que están detenidas “preventivamente”, en procesos deliberadamente paralizados, que, además, fueron detenidas por simples acusaciones aberrantes de sus oponentes políticos. La marcación humana degradante, es otro delito que se suma a esta lista interminable de abusos de poder contra el ciudadano, que se cometen a diario en Bolivia. Este delito, por conllevar una falsa acusación, debiera ser severamente penalizado, más aún, cuando tiene móviles políticos orientados a cambiar el curso de la historia de todo un país. 

¿Qué espera el Congreso para terminar de una vez con todo este infierno de abuso de poder y corrupción judicial? Lo puede hacer sancionando y promulgando dos leyes muy simples.  Una eliminando de raíz la figura aberrante del arresto “preventivo”, y otra imponiendo respeto al precepto jurídico de presunción de inocencia. En ambos casos las normas tendrían que estar blindadas. Por ejemplo, penalizando con 10 años de cárcel el delito de falsa acusación, aplicable a denunciantes, abogados, fiscales, y jueces que se atrevan a dar curso a juicios sin la debida presentación y valoración de la prueba material del delito. También debiera tipificarse, en un segundo nivel de falsa acusación, el delito de marcación humana degradante. Esto es, la acción de asociar, por cualquier medio, el nombre o la imagen de una persona, con calificativos degradantes, o con algún delito por el cual no haya sido legalmente hallada culpable.

Leyes como esas, tendrían que ser aprobadas por unanimidad en el Congreso boliviano, tanto por el 2/3 de representación parlamentaria que controla el MAS, cuyos líderes están siendo perseguidos en el presente, como por el 1/3 restante, cuyos líderes ahora gobiernan, pero después del 18 de octubre, serán acusados de crímenes, corrupción, y otros delitos. 

Es hora de que la justicia boliviana salga de la edad media y se adhiera a la modernidad.

Algo apesta en Bolivia

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Los bolivianos, ahora más que nunca, sobreviven sumidos hasta el cuello en las aguas negras de las cloacas, que es allí el sistema judicial. Sin embargo, eso es visible sólo dese afuera, al contraste de sociedades más avanzadas, donde el ser humano tiene derechos fundamentales inviolables, a los que los bolivianos ni siquiera aspiran. No existe en Bolivia el más elemental derecho a la libertad, o a que los poderes fácticos respeten la presunción de inocencia del ciudadano, o que, llegado el caso, el ciudadano sea juzgado por un sistema judicial honesto e independiente del poder político y policial.

Los bolivianos están tan acostumbrados a sobrevivir en esa realidad, que sólo ven justicia en la ficción de películas extranjeras, donde detectives aun sabiendo la identidad del culpable, no lo pueden arrestar, y siguen investigando, hasta obtener una prueba material del delito, y recién entonces se presentan ante el fiscal, para que éste, después de valorar la prueba, se presente ante el juez y le asegure que por fin está en condiciones de probar el crimen. El Juez después de valorar la prueba, emite el mandamiento de arresto, y recién ahí la policía está autorizada a detener al individuo para llevarlo ante el juez, y que empiece el juicio. Eso, porque la ley establece que todo ciudadano ES INOCENTE, hasta que se pruebe lo contrario en una corte. El ciudadano, por lo tanto, es intocable para la policía, y existe un largo proceso lleno de condicionamientos, para que un juez pueda emitir el mandamiento de arresto. El Estado, es quien tiene toda la carga de la prueba contra el ciudadano.

En Bolivia es al revés. Allí las cárceles están llenas de “presuntos” culpables, sin que se les haya probado delito alguno. Se usa el arresto “preventivo”, para encarcelar a la víctima sin prueba alguna, y que la policía archive el expediente. Todos saben que la “investigación” no existe, porque la policía tiene engranajes que sólo se mueven si son engrasados por sobornos. Ahí empieza al calvario de los detenidos y perseguidos, porque la carga de la prueba de su inocencia recae sobre ellos. En estado de absoluta indefensión, desde la cárcel, desde la clandestinidad, o desde el exilio, las víctimas de este sistema corrupto tienen que probar su inocencia. Policías, Jueces y abogados, todos viven de un sistema judicial diseñado para esa corrupción.

Cuando el móvil del arresto o la persecución es político, para deshacerse de adversarios, los juicios se paralizan todavía más porque no existen los delitos, y mucho menos las pruebas, pero eso no importa, porque con los arrestos ya se inhabilitó a los adversarios. Cuando se pretende una eliminación permanente, se provoca la muerte civil de las victimas ante la opinión pública, para que sean juzgadas y condenadas, sin prueba alguna, por el legendario “vox pupuli”, que en la actualidad es una opinión pública totalmente manipulada por noticias falsas de Facebook, Twitter y YouTube. Para eso, la policía filtra material audiovisual robado de los teléfonos de las víctimas, e inventa una historieta que se hará viral de inmediato.   

Una vez que se ha logrado el objetivo político, la “Justicia” abandona su persecución, dejando a la víctima manchada, destruida física y moralmente, y en la miseria, para enfrentar en esas condiciones, la costosa tarea de reconstruir todo lo perdido. Y así, el submundo pestilente de la justicia boliviana sigue vigente, cada vez más putrefacto, y cada vez más peligroso.

Crímenes Orwellianos de Jeanine Añez

En 1949 el escritor Británico George Orwell escribió su famosa distopía en la que muestra una sociedad totalmente alienada. La obra es “1984” y describe la criminalidad de un gobierno autoritario que finge ser bueno y patriótico. Un imperio de la impostura en el que el pueblo es sometido a una brutal represión psicológica, antes de la represión física, la cual se usa sólo contra aquellos con los que no funcione la primera opción.

Se impone la “realidad” de un mundo al revés, mediante premisas como. “LA GUERRA ES LA PAZ, LA IGNORANCIA ES LA FUERZA, y EL PODER ES DIOS.” La primera se refiere a la invención de una guerra con la cual se mantiene a la población concentrada en esa “obligación superior”, y legitima el estado de excepción, en el que el gobierno no provee para el pueblo, ni respeta el estado de derecho. “La ignorancia es la fuerza” es el mecanismo por el cual el gobierno impone sus mentiras y logra que el pueblo, aplastado por la represión y las exigencias de la vida cotidiana, las acepte sin chistar.

“El poder es Dios” porque el creyente convertido en rebaño lo acepta todo. Solo Dios tendría el poder de alterar el pasado y de establecer que 2+2=5, pero si el líder lo dice, sus aliados le creen, la prensa lo repite, y el pueblo lo acepta, pues sucede en la mente y “sólo lo que allí sucede tiene una realidad. DOS Y DOS SON CINCO”. Esa frase ilustra el trágico final de individuos pensantes, que terminan quebrantados, aceptando la imbecilidad como una realidad esencial para la supervivencia.

En el caso de Bolivia, un “enviado de Dios” engañó a todos con su “Guerra Santa” contra el “indio maligno”, reclutó para el golpe a los poderes fácticos, y expulsó al “indio”. Con secuestros exprés, hizo renunciar a todos los líderes parlamentarios del MAS y posesionó a una presidenta títere que instaló el régimen Orwelliano al estilo de 1984.  

Jeanine Añez empezó por aterrorizar al pueblo asesinando a 36 personas, e hiriendo a más de cuatrocientas, pero luego, le endilgó esa criminalidad al “enemigo” externo: el indio en el exilio. La narrativa oficial equivalente a 2+2=5 es que “el propio Evo Morales hizo importar guerrilleros de las FARC para dispararles a sus propios defensores, por la espalda, y mientras escapaban de las fuerzas represoras de Jeanine Añez.”  Con tamaña historieta, marcaron de terroristas a Evo y a todos sus colaboradores, después amedrentaron a la prensa, y encarcelaron a los exministros, ya sea en cárceles o en embajadas cercadas, como la de México, donde siete exautoridades permanecen encerradas, privadas del derecho al asilo político. Incluso una abogada embarazada, por ser apoderada de Morales está presa acusada de terrorismo. Un mundo al revés, en el que un presidente respetuoso de la vida, con 2/3 del poder parlamentario y todos sus colaboradores son terroristas, y los golpistas que incendiaron casas e instituciones, asesinaron, aterrorizaron, y demostraron ser corruptos, son la ley y la justicia. 2+2=5.   

Pero no todo está perdido, porque Orwell concluye que la clase pobre y trabajadora conserva sus sentimientos, sus emociones, su integridad y su sentido de comunidad. No son autómatas, ni rebaños, ni se han endurecido por dentro y siguen siendo humanos. No son leales a una ideología política, ni a un líder, ni a una religión, sino que se guardan mutua lealtad unos a otros, y, por lo tanto, son la esperanza, porque ellos almacenan en sus corazones, en sus vientres y en sus músculos, la energía que cambiará al mundo.

Bolivia: cuando mueren los principios

Juan Carlos Zambrana Marchetti

En el museo del holocausto en Washington DC, una leyenda ilustra la forma en que algunos pueblos renuncian a los principios fundamentales que protegen sus vidas y sus derechos. “Primero vinieron por los socialistas, y yo no hablé porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para ese entonces ya no había nadie quien pudiera hablar por mí.” Eso escribió Martin Niemöller, un pastor luterano anticomunista que apoyó originalmente a Hitler, pero luego se le opuso, y terminó siendo arrestado y confinado.

Un ejemplo de esa erosión paulatina de principios se manifiesta ahora en Bolivia, en forma sorprendente. El año pasado Santa Cruz de la Sierra se salió de su habitual formalidad y se lanzó a las calles para derrocar a Evo Morales en nombre de Dios, aunque aparentemente, hizo un pacto con el Diablo ya que renunció a muchos de los principios antes mencionados.

El del respeto a la vida lo entregó cuando su flamante presidenta ordenó reprimir con impunidad al pueblo que resistía, y Santa Cruz calló ante la masacre de 36 indígenas, porque ellos, los cruceños, no eran ni “collas” ni “masistas” (del MAS), el nuevo insulto para humillar al indígena y a sus defensores.

El principio de respeto al medio ambiente Santa Cruz lo entregó cuando después de arroparse con esa bandera para culpar a Evo Morales por haber expandido la frontera agrícola, calló cuando la presidenta Añez promovió el uso de los transgénicos de Monsanto/Bayer para que Santa Cruz pase al nivel agroindustrial “competitivo” de Brasil y Argentina, lo cual implica un desastre ecológico y sanitario, y una masiva expansión de la frontera agrícola para enriquecer a capitales extranjeros.

El principio de la salud pública como derecho ciudadano y obligación estatal, Santa Cruz lo entregó cuando el sector de los médicos se parapetó en esa bandera para movilizarse contra Morales, luego tomó control del Ministerio de Salud en el cuoteo del poder, y después la presidenta entregó a todos los bolivianos como pacientes cautivos, a la voraz, desregulada, y corrupta industria privada de la medicina. 

En política, los principios fundamentales son esas normas implícitas que todos respetan, sean gobernantes o gobernados, o de izquierda o de derecha. Evo Morales, al repostularse a una segunda reelección consecutiva a pesar de haber perdido el referéndum, vulneró el principio de respeto a la Constitución, y vulneró también el de la integridad del Tribunal Constitucional que tuvo que degradarse a avalarlo con el artificio de un supuesto Derecho Humano. Evo erosionó esos dos principios, es verdad, pero los golpistas “cristianos”, en lugar de restaurarlos, los remataron al inventarse la figura del golpe de Estado “constitucional” avalado también por el mismo Tribunal Constitucional, y después exterminaron el resto.

Ahora el Tribunal Constitucional es la piltrafa y estropajo del ejecutivo, el Fiscal General es el mercenario político del Ministro de Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía son sus sicarios y matones, y el Órgano Electoral elucubra todavía sobre la pose que tendrá su sometimiento. Todos pagarán sus deudas con la justicia cuando, eventualmente, se restablezca el estado de derecho, pero hasta entonces, Bolivia sobrevive en el submundo pestilente de la absoluta carencia de principios.

 En cuanto a los cruceños, que solo recibieron militarización de parte del gobierno como “servicio de salud” contra el coronavirus, marcan el paso ante la bota que antes juzgaban de corrupta, y hasta sufren carencias de todo tipo, pero ni en esas condiciones entienden el daño que hicieron para presentes y futuras generaciones. Derrocaron al “indio”, y eso es lo único que les importa. Siguen mintiendo que el golpe fue en defensa de los principios democráticos, pero saben perfectamente que fue un golpe brutal contra todos los principios de igualdad y de soberanía nacional que ese “indio” representaba.  

El fenómeno que derrocó a Evo Morales

Juan Carlos Zambrana Marchetti

Las ciencias políticas no pueden hasta ahora explicar el fenómeno del derrocamiento de Evo Morales, porque éste es un fenómeno que escapa a toda ciencia. Milagro lo llaman algunos, pero, en realidad, no es más que el arte del ilusionismo aplicado a la política.    

El ilusionismo es el arte de la distracción, y parte de que el ser humano está acostumbrado a ponerle atención a una sola cosa a la vez, y que, por lo tanto, capturando esa atención, se la puede redireccionar, para, en primer lugar, cambiarle al individuo la percepción de su realidad, y alterarle su conducta. Peor aún, esa distracción de la víctima, le permite al “mago” atentar criminalmente contra su víctima, por ejemplo, robándole la cartera, o secuestrándolo. En la política, para engañar en masa a todo un país, la extrema Derecha cuenta siempre con el mejor mecanismo de control social que haya existido. Una religión que legitima la superioridad y dignidad del blando y del rico, en contraste con la inferioridad y sometimiento del indio y del pobre, y que convierte a sus fieles en rebaños combatientes siempre dispuestos a ser conducidos por sus pastores de turno, hacia la imposición de ese orden establecido que garantice la “paz social”. Veamos entonces, cómo funcionó ese pastoreo combatiente en Bolivia.

Una vez satanizado el presidente indio, y la “blanca” Santa Cruz paralizada y convertida en rebaño combatiente, el espectáculo de ilusionismo empieza bajo el monumento del Cristo Redentor, donde surge el “enviado” perfecto para esa circunstancia, actuando en el papel de pastor político. Es Luís Fernando Camacho, presidente del contrarrevolucionario Comité cívico pro Santa Cruz, cuya personería jurídica no le permite hacer política. Teniendo capturada la atención de todo el pueblo, empieza a direccionar la atención colectiva con su primer “milagro”: promete sacar personalmente al “tirano” del palacio para meter a Dios en ese lugar. El lenguaje es cifrado, por lo tanto, no se le llama indio al indígena, pero se lo identifica con su bandera la wiphala, a Bolivia con la bandera tricolor, y a Dios con la Biblia. Entendiendo que la exageración es necesaria para el ilusionista, Camacho se identifica con Jesucristo, convocando a su cabildo bajo ese monumento, frente un altar jesuítico con otro crucifijo, y portando además otra cruz en el pecho. La cuarta cruz la lleva en la gorra, y colgadas en rosarios, lleva una quinta en el cuello, la sexta en la muñeca y la séptima en el dedo medio para poder mostrarla constantemente al levantar la mano. Así fue ungido por su rebaño y le fue encomendada la cruzada contra el indio Morales, que, sin embargo, debía librarse en “defensa de Dios, de la democracia, y de la unidad de todos los bolivianos.”

Cuando Camacho tuvo a Santa Cruz bajo su control, se lanzó a controlar todo el país, y lo hizo durante un paro nacional, con otro acto de ilusionismo. Anunció, en otro cabildo, que iría a la ciudad de La Paz, a entregarle personalmente la carta de renuncia al presidente Evo Morales. Nótese que se sugería una confrontación espectacular entre el bien y el mal. La prensa corporativa reproducía la narrativa de Camacho como si fuese la realidad de Bolivia, y, muy convenientemente, la OEA, pidió que se le garantice al dirigente “cívico” su derecho a la libre locomoción. El ministro de Gobierno de Evo Morales cae también en el engaño y le proporciona seguridad para garantizarle el derecho que él le estaba violando a todo el país, al imponer un paro nacional con piquetes de bloqueos. Camacho llega a La Paz, y en lugar de entregar la carta se pone a ultimar los detalles para el asalto final, que, al igual que aquel que terminó con el colgamiento del presidente Villarroel, partiría de la Universidad Mayor de San Andrés, como una demostración “pacífica”, en este caso, para recién entregar la carta.

Mientras todo el país seguía como hipnotizado la payasada de la supuesta entrega de la carta, se fraguaba un brutal atentado contra el gobierno popular de Morales. La insurgencia lograba cooptar a la policía nacional, la cual se amotinó contra el presidente y en lugar de preservar el orden público, se metió a sus cuarteles, dejando al gobierno desprotegido, y dándole luz verde a la subversión para iniciar su ataque final. Esa última fase del plan empezó con la quema de instituciones estatales, de las viviendas de ministros, y las de sus familiares. La Casa de la hermana del presidente fue incendiada, y hasta los hijos de Evo fueron amenazados. En esas circunstancias, el comandante de las Fuerzas Armadas le “sugirió” al presidente que renuncie, Evo así lo hizo para evitar más represalias y salió al exilio en México.

Con todo el país, ya bajo su control, “el mago”, ordena que también renuncien todos los líderes parlamentarios del partido de Evo Morales, a quienes les correspondería asumir la presidencia por sucesión constitucional. Una vez más, la atención se centra en lo que el “mago” había indicado, las cámaras se centran en los legisladores presidencialistas que deberían renunciar para que se cumpla el “milagro”, mientras, tras bambalinas, un ejército de operadores políticos, y grupos de choque, atacaba en forma coordinada a sus familiares. Los actos de presión empezaron con el asalto e incendio de sus casas, secuestros, amenazas personales, y chantajes. La primera en renunciar es la presidenta de la cámara de Senadores Adriana Salvatierra por amenazas contra sus padres.  Luego incendian la casa del presidente de la cámara de Diputados Víctor Borda. Secuestran a su hermano y lo llevan descalzo a una plaza cercana para quemarlo, y con eso logran que Borda renuncie no sólo a la presidencia de la cámara, sino también a su curul como diputado.

Luego los rebaños combativos (hordas golpistas) impidieron que los legisladores del MAS-IPSP pudieran ingresar al palacio legislativo para hacer prevalecer su mayoría de 2/3 del poder parlamentario, y así declararon el “abandono” de funciones de todos ellos, y posesionaron como presidenta del Estado a Jeanine Añez, una senadora de un partido minoritario de Derecha que había logrado apenas el 8% de los votos en las últimas elecciones. Su primera fotografía como presidenta fue levantando en alto una Biblia de gran tamaño y aspecto medieval, con lo cual cumplía dos de las promesas de Camacho: Sacar a Evo y meter la Dios en el Palacio. Mientras eso sucedía, afuera del Palacio, se terminaba farsa de la protesta “pacífica de todos los bolivianos” y quedaba expuesta la cruda realidad. Los policías que se habían amotinado contra Evo para después proteger a Jeanine Añez quemaban la wiphala, se la arrancaban del uniforme, y ultrajaban a mujeres indígenas que intentaban marchar en apoyo a Evo.

Los movimientos sociales protestaron, pero el gobierno de Añez emitió un Decreto Supremo de inmunidad para sus fuerzas represivas, y desató dos masacres de indígenas con un total de 36 muertos y más de 800 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Añez también intimidó a la justicia para desatar una cacería de “brujas” contra Evo Morales, Álvaro García Linera y los ex ministros de Estado, adjudicándoles las masacres de sus propios partidarios. Aparte de sus muertos, heridos y perseguidos, el gobierno de Jeanine Añez ha instaurado un régimen policial empeñado en revertir el legado de Morales, y asesinar moral y espiritualmente al indígena boliviano, al pobre, al trabajador, y a todo ser humano que se atreva a disentir con su continuo acto de ilusionismo político: la falsa defensa de Dios, de la democracia, de la moralidad de la justicia, y de la unidad de todos los bolivianos, cuando en realidad, todo eso no es más que una narrativa prefabricada, que justifica la barbarie cometida contra el indio, contra el pobre, contra la soberanía nacional, y contra sus defensores.        

Aunque parezca mentira, éste es el modelo del nuevo golpe de Estado “constitucional” que se está perpetrando contra la izquierda latinoamericana: un grotesco excepcionalismo religioso del siglo XVI prosperando en pleno siglo XXI.